Está publicada en la Gaceta Oficial de la República del Paraguay la Ley 7.600 que aprueba la “Convención Interamericana sobre la Protección de los derechos Humanos de las Personas Mayores”, que fue promulgada por el presidente Santiago Peña el pasado 5 de diciembre.
La normativa se refiere a una convención aprobada en el año 2015 y a partir de ahora, forma parte de las leyes vigentes en nuestro país
Cabe destacar que la convención reconoce que la persona a medida que envejece debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las sociedades.
Con este paso, Paraguay reafirma su adhesión al propósito de consolidar la justicia social fundada en el respeto de los derechos de las personas y tal como lo establece la convención, reafirmando la universalidad y libertad, incluido el no sometimiento a discriminación fundada en la edad, ni a ningún tipo de violencia que atenten a la dignidad e igualdad inherentes a todo ser humano.
En Paraguay, y en el marco de este compromiso internacional, el ministerio de Desarrollo Social es la institución responsable de la aplicación de la Ley N°7322, que establece la pensión Universal para las personas adultas mayores y dispone otros beneficios sociales que contribuyan a su inclusión y a mejorar su calidad de vida, entre otros aspectos que contempla esta convención ya adoptada por varios países.
La incorporación automática establecida en la Ley es un paso importante que acredita la seguridad, integración y participación activa del adulto mayor sin trámites, y la eliminación del censo como método de selección posibilitó el ingreso de unas 40 mil personas al sistema de pensión, mediante una selección gradual, de mayor a menor edad, de acuerdo a los criterios establecidos en la Ley.
Desde el Poder Ejecutivo se seguirá abordando asuntos de la vejez y envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce la necesidad de dar respuesta a aspectos sociales, económicos, y a la erradicación de la pobreza.
El Ministerio de Desarrollo Social, aún tiene pendiente en su hoja de ruta el diseño e implementación de políticas públicas que contemplen, salud, seguridad, integración y participación activa del adulto mayor en las diferentes esferas como lo establece la Convención, y comparte la decisión a incorporar y dar prioridad al tema del envejecimiento en las políticas públicas, así como destinar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para lograr una adecuada implementación y evaluación de las medidas especiales puestas en práctica.
